Por: Sayli Sosa Barceló.
Poco más de 100 viviendas en Ciego de Ávila no tienen servicio eléctrico, lo que sitúa la electrificación en un 99.93 por ciento. No obstante, el año comenzó con 1445 casas que reciben electricidad mediante tendederas y de ellas el 10 por ciento no están metradas ni se cobran.
Delante de Las Yaguas están construyendo un barrio “residencial” que no deja ver la precariedad con la que nació y sigue creciendo el caserío original, que impide adivinar desde la carretera lo que sucede después de “la curvita”, adonde entronca el vial principal, un trillo ensanchado y con un poco de rocoso y gravilla que lo hacen parecer una calle. Esa calle termina en un fanguero… y después del fanguero hay más casas.
Magela, Yusleydi, Enisley y Maidoly dicen rancho para aludir a las cuatro paredes (de madera, zinc, bloques, ladrillos, cualquier cosa sirve) y el techo (también de cualquier cosa) que las cobijan a ellas y sus respectivos tres hijos. Otro detalle las une en su profunda diversidad: ninguna tiene propiedad de su casa.
Tampoco la inmensa mayoría de los habitantes de Las Yaguas, donde, además de casas en regular y mal estado, hay otras de mejor estructura y más confort, pero sin papeles. La ilegalidad es una característica bastante común de las viviendas enclavadas en los llamados asentamientos, barrios y focos precarios, cuyo inventario en Ciego de Ávila, al cierre de 2021, era de 38, distribuidos en cinco municipios. El dato, facilitado por la dirección provincial del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (antiguo Instituto de Planificación Física), no nombra a Las Yaguas así, sino como Arnaldo Ramírez Final.
Con ese apelativo se sobreentiende que la vecindad no es periférica ni rural, aun cuando la calle Arnaldo Ramírez se desdibuja al entrar a Las Yaguas. Acotada entre la avenida 50 Aniversario y la Circunvalación Norte, no hay allí servicio de agua potable ni alcantarillado y, hasta 2020, tampoco electricidad, sino tendederas. Para agosto de ese año los cables que tejían el cielo del barrio salieron de las estadísticas.
Precariedad no alcanza a definir el estado constructivo de muchas de las casas electrificadas en Las Yaguas.
Las estadísticas
Yusleydi Benítez hace cinco años que vive allí y recuerda vívidamente cómo era cocinar con bajo voltaje. “Esperábamos a que los primeros terminaran para poner a hacer el arroz; si no, no se cocinaba”. Enisley Suárez ahora paga, como promedio, unos 150 pesos mensuales; antes no pagaba nada, pero no tenía un buen servicio.
En 2018 Maidoly García se mudó con sus tres niños y fue protagonista de la electrificación del barrio. “Vinieron y dijeron que no habría contadores y breakers para todos y la gente no estuvo de acuerdo. Después completaron y la verdad es que han salido malísimos. Si se rompe el breaker hay que comprarlo por nuestros medios, porque la Empresa Eléctrica no tiene. A mí, por ejemplo, me tuvieron que calcular un estimado”.
Que la Empresa Eléctrica no posee este tipo de recursos no es una excusa que les dieron cuando fueron a reportar la rotura. Actualmente la provincia tiene identificados más de 6 000 metrocontadores defectuosos, lo que se traduce en el cobro estimado y no real del consumo. Jaime Quirós Crespo, director de la Unidad Empresarial de Base Inversiones, confirmó a finales de diciembre pasado la escasez no solo de equipos, también de financiamiento. En esa fecha no estaba aprobado todavía el presupuesto para este programa en 2022.
Erradicar una tendedera, explicó Quirós, es equivalente a electrificar, es decir, que cada vivienda tenga el servicio independiente. Son necesarios postes, cable, transformador, aisladores, breakers, acometidas, contadores…, y puede que falte algo en la lista. En los últimos años debe hablarse mejor de trabajos parciales de electrificación, que permitieron comenzar a cobrar la “corriente”. En muchos casos se mejoró el cableado y la instalación, pero hubo que dejar un solo metrocontador y designar un representante. No siempre es un proceso sereno determinar consumos estimados y recaudar el dinero.
Las de Las Yaguas, Inseminación, Reparto Barbero y Suferri fueron algunas de las tendederas eliminadas entre 2020 y 2021, solo en la cabecera provincial. No obstante, tal cual apuntamos en una nota anterior, este tipo de ilegalidades tiene el ADN de la mítica Hidra de Lerna: cada vez que se trata de dejar acéfala, le nacen más cabezas. Los números manejados por Luis Alberto Hernández San Blas, director Comercial de la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila, nos dan la razón.
En julio de 2020, cuando hablamos por primera vez, la provincia tenía 1 304 y de ellas 1 276 se cobraban. Poco más de 9 300 personas estaban bajo este régimen de redes maltrechas ─aunque algunas no lo son tanto—. Al cierre de 2021 y a pesar de lo avanzado, el total creció: 1 445 y de ellas 1 295 metradas. Y puede que los números no sean fieles. La casa después del fanguero, en Las Yaguas, “nació” después de la electrificación.
De todas formas, para este año el pronóstico no es disminuir, pues comenzarán a incluirse tendederas asociadas a entidades estatales que, hasta ahora, estaban fuera del radar. O no exactamente, Hernández San Blas lo explica: “Aunque la indicación data de hace más de una década, solo organismos como la Agricultura y AZCUBA habían inventariado las tendederas dentro de su jurisdicción. Ahora se trabajará con todos los sectores, de manera que no se siga cargando al presupuesto de las entidades el consumo residencial”.
Un consumo no despreciable, por cierto. Las 1 295 tendederas que ya se cobran facturan al mes entre 800 y 900 megawatts, gasto energético muy similar al de la Agroindustrial Ceballos, y equivalente a 540 000.00 pesos, como promedio mensual. Proporcionalmente, las 150 que permanecen ilegales consumirían unos 100 megawatts; también una cifra a considerar.
Noticias de periódico viejo
A finales de 1979, durante una visita del entonces titular del Ministerio de la Industria Eléctrica, José Luis Beltrán Hernández, este periódico, recién estrenado, publicó una de sus primeras noticias: “En el transcurso de 1980 quedarán eliminadas todas las tendederas eléctricas del país (…)”. Que estemos escribiendo aún sobre estas ilegalidades, da la medida de la complejidad del fenómeno y reafirma los peligros del exceso de entusiasmo.
La provincia había cumplido en julio el plan del año, ascendente a 2 000 tendederas, y se comprometía a erradicar otras 1 000 antes de la fecha tope anunciada por el ministro. Para ese momento, el propio Beltrán Hernández, junto a Osvaldo Dorticós Torrado, presidente de la República, y Fidel Castro Ruz, Primer Ministro, habían firmado la Ley 1287, del 2 de enero de 1975, Ley Eléctrica, todavía vigente hoy.
Si aseguramos que este tipo de conexiones eléctricas constituyen ilegalidades es porque el artículo 13 de la norma así lo regula. “Queda prohibido al usuario vender, o ceder a otra persona por cualquier título gratuito u oneroso, la energía eléctrica que le sea suministrada, debiendo dedicarla únicamente al exclusivo uso del inmueble para el cual se ha contratado”.
También el artículo Uno del Decreto 260 del Consejo de Ministros considera una contravención personal de las regulaciones del servicio eléctrico a quien “se conecte ilegalmente a instalación ajena (tendederas) o permita que se conecte de la propia”.
Cada mes, añade Hernández San Blas, los lectores de la Empresa Eléctrica deben llenar y entregar el modelo H-422 de incidencias o anormalidades en la ruta, entre las que se listan las tendederas, además de averías en metrocontadores y acometidas. En teoría, este tejido informal y precario no debería consolidarse.
Sin embargo, no hay ley que pueda estabular la realidad al 100 por ciento. Al margen de lo establecido, se reprodujeron en toda la geografía avileña, unas veces en barrios “instantáneos” y otras desgajadas de entidades estatales, para resolver, en ocasiones, las necesidades de sus propios trabajadores.
• Una brevísima cronología de la última década, de la mano de Google, sirve para comprobarlo.
De 13 205 ilegalidades identificadas por la Dirección Provincial de Planificación Física en Ciego de Ávila, unas 8 200 correspondían a tendederas (62.5 por ciento), de acuerdo con una nota publicada en el diario Granma. El propio texto aseguraba que, dos años después, el inventario total de contravenciones había descendido a 9 071 (sin especificar su naturaleza).
Para 2015 la cifra de viviendas con servicio eléctrico compartido —utilicemos un eufemismo— ascendía a más de 9 000, según la Oficina Nacional de Estadísticas, consultada por la Agencia Cubana de Noticias.
A finales de 2018 se le dio un impulso a la erradicación de tendidos ineficientes y en junio de 2019 Invasor dijo que estaban concluidas 29 de las 80 planificadas.
Comenzando 2022 se computaban como electrificadas 16 zonas de tendederas (de las 28 listadas en 2020) y permanecían 12 por resolver (ubicadas siete en la cabecera provincial y cinco en Morón; ninguna se cobra).
Precisamente el consumo “gratis” fue el detonante hace dos años para la actualización de los datos y una reactivación del programa, cuando en el Consejo Energético Nacional trascendió que la provincia avileña, junto a La Habana y Matanzas, sobresalía por la existencia de tendederas sin formas de metraje ni cobro del servicio.
Durante la reunión el vice primer ministro, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, señaló que “ante los consumos sin pagar y otros delitos no se puede actuar con tolerancia; en tanto la responsabilidad recae en las empresas eléctricas y en los propios consumidores, quienes, conscientes de que no facturan, gastan más electricidad de la necesaria”.
Así, la Empresa Eléctrica terminó pagando las culpas propias y de alguien más.
El cable no es la semilla
No hay que ser ingeniero para entender que las tendederas no caen del cielo, con sus postes raquíticos y sus cables de medio pelo, ni van conectando casas como una guirnalda por arte de magia. Antes de que la gente empiece a extrañar y pedir la electricidad en las reuniones de la circunscripción (sí, los barrios ilegales tienen CDR, FMC y pertenecen a la demarcación), debe asentarse y levantar cuatro paredes y un techo.
Son requisitos que impone la propia Ley Eléctrica y que, al erradicar los tendidos ineficientes, de alguna manera se están violando. De un listado de 11 datos a aportar cuando se solicita un nuevo servicio a la Unión Eléctrica (UNE), el décimo exige la “presentación del documento idóneo que acredite que el solicitante se encuentra en posesión legal del inmueble”.
Sin embargo, una nota al margen en la propia web aclara que se eximen los casos de “electrificación de tendederas, bateyes azucareros, eliminación de plantas Diésel y otros clientes no conectados al SEN de inversiones aprobadas por el Estado”. Otra vez la realidad apabullante escapando de la norma.
“Actualmente, aunque constituyen una irregularidad, el objetivo de la Unión Eléctrica no es quitarles la electricidad a quienes la utilizan, sino hacerles conciencia en el pago de su consumo y, en lo posible, metrarlas”, había dicho Jorge Armando Cepero Hernández, director general de la UNE, en julio de 2020. Por eso es que en Las Yaguas ya pueden cocinar el arroz sin sobresaltos, pero siguen siendo ilegales para todo lo demás.
La regulación que así los reconoce databa de 1978 (Reglamento de Planificación Física) y fue sustituida por el Decreto 272 del Consejo de Ministros, de febrero de 2001, De las contravenciones en materia de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Su artículo Ocho es explícito al decretar que “se consideran contravenciones y se impondrán las multas y medidas que para cada caso se establecen al que sin tener Licencia de Construcción o de Obra” y “sin título de propiedad del terreno u otra forma de titularidad reconocida” inicie y termine una vivienda, incluso su ampliación.
Con más de 20 años de trabajo en el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (antes IPF), Rosa Amparo Bernal Bernal, Jefa del departamento de Inspección y Control Territorial, insiste en que electrificar una zona de tendederas no concede legalidad a los clientes del servicio, ni siquiera es garantía a futuro.
Como se ve en el gráfico, Ciego de Ávila y Camagüey son los territorios de mayor proporción de población urbana viviendo en barrios y focos precarios. Con respecto a 2017 se produjo una mejoría en 2019, pero la provincia se mantiene por encima de la media nacional (4.05 por ciento)
Esto, no obstante, puede cambiar para todas las viviendas construidas sin permiso, enclavadas en áreas y zonas que no violen el Plan General de Ordenamiento Territorial de la provincia, a tenor del Acuerdo 8 574 del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria del 26 de abril de 2019. Al amparo de la disposición, y en un plazo de seis años (vamos camino al tercero), deberían ordenarse todas o casi todas las zonas donde hoy existen tendederas. ¿Será posible?
Para ello es imprescindible dilucidar cuáles superficies son urbanizables y cuáles no. De acuerdo al documento “Ciego de Ávila. Regulaciones Urbanas”, editado por la dirección provincial de IPF en 2014 ─y con vigencia de cinco años, prorrogable por la instancia─, entre el año 2002 y el 2014 el área urbanizable en la ciudad capital se redujo de 1 821 a 555.12 hectáreas, y representaba apenas el 17 por ciento del suelo. Esto quiere decir que se agota la tierra donde asentarse legalmente.
El propio documento estipula que “no se permitirá la construcción de nuevas zonas de viviendas que no cuenten con soluciones de abasto de agua y evacuación de residuales” y “no se permitirán las soluciones con letrinas”. Pero la realidad, ¡ay!, la realidad a veces no se ajusta a las normas. Muy pocos de los barrios precarios donde, además, crecen las tendederas eléctricas, cumplen los requerimientos del Ordenamiento Territorial y Urbanístico (dígase redes hidrosanitarias, de comunicaciones, eléctricas, servicios básicos). De hecho, otras zonas que sí son legales y menos precarias tampoco los cumplen.
La casa de Magela, en Las Yaguas, costó más cara porque tenía el sanitario dentro.
Trabajo para Hércules
¿Y si todas las regulaciones dicen por lo claro cómo deben hacerse las cosas, por qué ninguna de estas ilegalidades se extingue? Rosa Amparo Bernal vuelve a hojear el Decreto 272 y se detiene en el artículo 14, lo subraya con tinta roja: “Al que permita o autorice cualquier acción constructiva, parcelar o utilizar terrenos o azoteas para construir viviendas (…) sin la autorización correspondiente de la autoridad competente, se le impone una multa de 2 000.00 pesos y la restitución del bien a su estado original”.
En pocas palabras, el responsable es quien administra la tierra, aun cuando la Empresa Eléctrica y el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo poseen un cuerpo de inspectores; aun cuando el Plan Integral para el Enfrentamiento a las Ilegalidades es clarísimo en sus acciones; y aun cuando en la Comisión de Enfrentamiento a las Ilegalidades, mensualmente, deben chequearse y tomar decisiones.
Es una hidra, ya lo decíamos, y según la mitología solo Hércules pudo descabezarla.
Alejandro GarcíaNi después de erradicadas las tendederas, el cableado deja de parecer una hidra.
A esa Comisión asisten representantes de la Delegación de la Agricultura ─junto a AZCUBA, de los mayores tenentes de tierra en la provincia─, porque, tal cual informara el delegado Orlando Pérez Pedreira, al cierre del 2021 se contabilizaban 90 tendederas bajo su jurisdicción, ninguna en áreas agrícolas.
“De ellas ya se ha trabajado en algunas, en otras se ha buscado un representante, y la más grande es la que está asociada a la Granja Urbana, con unas 50 casas conectadas”, precisó Ulises Miguel Pérez Correa, Jefe del Departamento de Ingeniería Agropecuaria, quien preside, de conjunto con el Director Comercial de la Empresa Eléctrica, una reunión semanal para tratar estos temas. El 2 de febrero último se acordó establecer un punto de entrega para el barrio Picolino, en Ceballos. Es apenas un ejemplo.
De las empresas adscritas a la Delegación avileña, Ruta Invasora, El Mambí y Porcino acumulan el grueso de esas tendederas ─más redes, la primera; y mayor cantidad de viviendas “enganchadas”, las otras dos─. A la pregunta de quiénes deben evitar que se siga construyendo ilegalmente en sus predios y, por tanto, reproduciendo las conexiones eléctricas informales, Giraldo Pérez Pérez, Jefe de Departamento de Control de Tierra y Tractores, responde sin darle muchas vueltas: “son las empresas las responsables de inspeccionar la tierra para detectar construcciones ilegales, ya sea en áreas en usufructo (donde solo pueden edificarse bienhechurías), o en aquellas pertenecientes a entidades o bases productivas”.
Con la Resolución 529 del Ministro de la Agricultura, puesta en vigor en noviembre de 2019 ─ a propósito del Acuerdo 8574 del Consejo de Ministros─, los inspectores de las empresas agropecuarias pueden determinar qué construcciones están amparadas por los seis años de gracia para poner los papeles en orden. Después de ese paso debería ser menos difícil solicitar el servicio de electricidad.
Pero ya ha quedado claro que la solución tiene que ser integral, no por parcelas, aunque paradójicamente estemos hablando de propiedad del suelo (dividido en parcelas) y derechos inherentes.
Hay que empezar a desmontar el problema de atrás hacia adelante. Atajar las causas desde la semilla, mucho antes, incluso, de esa suerte de colonización de espacios que parecieran tierra de nadie, donde no resulta complicado plantar o vender un rancho, como le llaman Maidoly, Magela, Yusleydi y Enisley a sus casas, que lo son más ahora solo porque tienen electricidad.
Leer más...